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La incertidumbre política también enferma.
“Ustedes, los peruanos, cambian de presidentes como de camisas”, comentó el CEO de una empresa accionista de un proyecto minero en el norte del país durante un evento al que asistí el pasado jueves. La mesa —compuesta en su mayoría por peruanos— reaccionó con una carcajada colectiva. No fue una risa espontánea ni relajada, sino de esas que funcionan más como mecanismo de defensa que como expresión genuina de humor.
El comentario reflejaba el desconcierto de un observador extranjero frente a una realidad política que para muchos peruanos se ha vuelto casi cotidiana. Nos describía la cantidad de procesos corporativos —reportes, ajustes estratégicos, juntas de accionistas— que deben activarse cada vez que el país cambia de presidente. Pero, sobre todo, enfatizaba la dificultad de sostener relaciones de trabajo con el Estado peruano: cada cierto tiempo debe empezar desde cero con nuevos funcionarios, reconstruir vínculos institucionales y reinterpretar organigramas que se modifican constantemente.
El desconcierto de este inversionista no es muy distinto al que experimentan millones de ciudadanos. La inestabilidad política no es solo un fenómeno institucional: es una experiencia psicológica, social y económica que atraviesa la vida cotidiana. Tener tres presidentes en seis meses genera efectos acumulativos que, aunque muchas veces no se expliciten, impactan en la percepción de seguridad, en la toma de decisiones económicas y en la estabilidad emocional colectiva.
La resiliencia del peruano —frecuentemente celebrada como virtud nacional— también puede operar como mecanismo de normalización del deterioro institucional. La risa, la negación o la resignación funcionan como estrategias de afrontamiento frente a una incertidumbre persistente. Sin embargo, que un fenómeno sea tolerado no significa que sea inocuo. La adaptación no elimina el daño; simplemente lo vuelve menos visible.
A esta normalización de la incertidumbre política se suma un factor particularmente crítico: la debilidad estructural de la comunicación gubernamental. La ausencia de sistemas institucionalizados capaces de emitir mensajes claros, consistentes y no populistas genera un vacío informativo que erosiona la confianza pública. En contextos de crisis, los ciudadanos no solo necesitan decisiones eficaces: necesitan comprender quién gobierna, qué se está haciendo y con qué horizonte estratégico.
La inexistencia de aparatos comunicacionales sólidos —especialmente en la Presidencia del Consejo de Ministros y en la Presidencia de la República— profundiza la fragmentación institucional. La alta rotación de funcionarios, las jerarquías difusas y los estilos de gobernanza improvisados generan parálisis organizacional. Sin información sistemática, la narrativa pública se construye desde terceros, proliferan interpretaciones contradictorias y la investidura presidencial pierde legitimidad simbólica.
Por ello, resulta imprescindible que el Ejecutivo actual —y los que lo sucedan— institucionalicen estructuras permanentes de comunicación pública y relacionamiento con la prensa. Estas deben estar lideradas por profesionales especializados, con criterios técnicos y no clientelares, capaces de sostener mecanismos formales de información: briefings diarios, conferencias periódicas y estrategias de comunicación segmentadas que dialoguen tanto con la ciudadanía como con actores estratégicos —gremios, sector privado, gobiernos subnacionales y entidades públicas—.
La estabilidad comunicacional no es un lujo administrativo: es un componente esencial de la gobernabilidad democrática. Permite reducir la incertidumbre, alinear actores, sostener políticas públicas y preservar la legitimidad del poder político.
Los ciudadanos no deberían aceptar como normal un modelo de gobernanza desestructurado que perpetúa la sensación de caída libre institucional. Podemos ser resilientes. Podemos adaptarnos. Pero una sociedad democrática no debería construirse sobre la resignación permanente. La resiliencia no debe convertirse en martirio cívico.