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Un solo frente para la peor crisis energética en el Perú del siglo XXI.
Estamos ante una de las crisis energéticas más graves de los últimos 50 años. Lo que inicialmente parecía una contingencia operativa hoy comienza a perfilarse como un problema estructural (sin soluciones concretas en lo inmediato) en el sistema energético del cual depende la mayor parte del país. Si el flujo de gas natural no se restablece con rapidez, el Perú podría enfrentar no solo una crisis energética severa, sino una crisis social de magnitudes inimaginables.
Camisea no es solo un proyecto gasífero. Es el eje de una red que alimenta generadoras eléctricas, industrias, transporte público y privado, y también la producción de gas licuado de petróleo, el GLP que millones de peruanos utilizan diariamente para cocinar. Cuando el flujo de gas natural se interrumpe, el sistema completo se compromete. Y ese es un punto que todavía no se ha terminado de instalar y comunicar con claridad en la conversación pública.
Desde el 1 de marzo, Pluspetrol no puede operar con normalidad su planta en Pisco, porque no cuenta con el suministro de gas natural necesario para la generación de gas licuado de petróleo (GLP). En términos simples: si la situación se prolonga, la producción de GLP se verá cada vez más limitada. Y cuando eso ocurre, las explicaciones técnicas ya no servirán y millones de peruanos se preguntarán: ¿Podré comprar un balón de gas mañana? ¿Podrán miles de negocios seguir funcionando con normalidad? ¿Seguirá siendo el GLP una alternativa para el transporte? Las respuestas, por ahora, son poco alentadoras.
En los últimos días hemos visto una sucesión de comunicados provenientes de distintos actores de esta gran crisis. Decenas de comunicados altamente técnicos donde cada actor habla desde su ámbito de competencia y desde su propia narrativa. El resultado de esto es un alto nivel de desinformación, información dispersa y muy poca claridad para la ciudadanía aún no impactada por esta crisis.
Estamos ante una crisis nacional que ya dejó de ser un incidente técnico. El gobierno ha señalado que la solución podría tomar alrededor de quince días y que ya se está reparando el ducto pese a las inclemencias del clima. Otras fuentes del sector energético advierten que el proceso podría ser más complejo y que los plazos podrían extenderse a treinta o más días. La razón es sencilla: el proceso de reparación es complejo y se da en medio de un territorio en plena epoca de lluvias.
El gobierno central tiene la obligación de asumir el liderazgo operativo del problema y articular con todos los actores involucrados en UNA SOLA ESTRUCTURA de coordinación. Empresas, reguladores, gremios del sector energético y autoridades públicas deben operar bajo una lógica común que permita acelerar la reparación, ordenar la logística y anticipar posibles escenarios de desabastecimiento.
El país y el ciudadano merecen también un UN SOLO CANAL DE COMUNICACIÓN que concentre la información técnica, la traduzca en términos comprensibles y actualice de manera periódica el estado real de la situación. Comunicación con rostro humano, permanente y conectada con las necesidades informativas de la ciudadanía.
El Perú todavía está a tiempo de evitar que este escenario se complejice aún más. Reparar el ducto será sin duda una tarea compleja que exigirá recursos técnicos, logística especializada y, ojalá, la pronta cooperación del Gobierno peruano con otros países o empresas especializadas en solucionar daños mayores a ductos como el actual.
Pero quizá el mayor de los desafíos se encuentra en cómo gestionar una inmensa cantidad de frentes ajenos a la solución técnica, frentes que día a día se complejizan y radicalizan mientras descifran comunicados y narrativas tecnocráticas que solo agudizan y prolongan la acxtual incertidumbre.